Ocurrió en la Comunidad de Madrid. Una joven madre y su bebé de 15 meses fueron arrancados con violencia por el Instituto Madrileño del Menor y  la Familia (IMMF).

Y lo hicieron mediante el documento que aparece en la imagen: aséptico, anónimo, con apariencia técnica. La separación duró 4 semanas pero fueron una tortura para las dos. Finalmente, los burócratas reconocieron su error y el sometido a orfandad pudo volver al amparo de su madre; no antes de movilizar a miles de madres en todo el mundo a través de Internet.

Al centro "Picón de Jarama" de la Comunidad de Madrid le llaman terapéutico. Sin embargo la realidad nos demuestra que estamos ante una una estafa. Los testimonios que nos llegan nos revelan que es la cloaca del Instituto Madrileño del Menor: vejaciones, encierros, acoso psicológico; drogados y tratados como locos; técnicas de control del cuerpo y la mente. Y a eso le llaman "terapia".

Tenéis que saber que no se puede obligar a un menor a ingresar en un centro de estos contra su voluntad.

Terapéutico es que los chavales vivan en un ambiente normalizado lo más posible, tratados con respeto y no como endemoniados; sin agobiarles y atendiendiendo de verdad sus necesidades. Sin drogas, sin celdas, sin provocaciones, sin amenazas, sin chantajes. Con educadores equilibrados, maduros y amantes de la dignidad y la libertad de las personas.

JUSTICIA CRÍTICA III
La Justicia consiste en asegurar a cada cual la satisfacción de sus necesidades: aquello que cada persona precisa para vivir dignamente.

De este modo, el concepto de “necesidad” se convierte en un principio que ayuda a discernir lo justo de lo injusto y, por consiguiente, separa el buen Derecho del mal Derecho, el que debe ser obedecido de aquel que exige rebeldía.

Los Derechos Humanos son, en ese sentido, la justa respuesta a esas necesidades humanas básicas. Por eso son inviolables, universales, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.

La última estrategia del Instituto Madrileño del Menor para deshacerse de sus "tutelados" inmigrantes es acusarles y denunciarles de falsificar sus documentos de identidad para hacerse pasar por menores y acogerse así a su tutela. Los  chavales se ven entonces sometidos a pruebas "forenses" de determinación de la edad contra su voluntad y bajo amenazas (ver documento).